El patrimonio natural y biológico de Chile es fundamental para el desarrollo económico y social, y es de un valor inestimable tanto para las generaciones actuales como de las futuras. Por ello es necesario crear las condiciones que permitan el desarrollo del país, pero garantizado al mismo tiempo la adecuada protección de nuestra naturaleza.

Como parte de nuestros compromisos en este ámbito, Chile adhirió en 1994 a la Convención sobre Diversidad Biológica, y elaboró una Estrategia Nacional para la Conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, que pone particular énfasis en la conservación de ecosistemas. A partir de Mayo de 2002 se inició un proceso en cada una de las Regiones del país para elaborar Estrategias Regionales para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. El proceso fue participativo y diseñado de manera de incorporar tempranamente en el proceso, a los actores relevantes e interesados (autoridades, servicios públicos, sector académico, sector privado, y organizaciones de la sociedad civil).

Este proceso Regional apuntó a identificar sitios prioritarios para la conservación con oportunidad de emprender acciones de protección, privilegiándose aquellos que reúnen características ecosistémicas relevantes junto con consideraciones sociales y culturales. Se han seleccionado a la fecha más de 300 sitios a nivel nacional, estos abarcan ambientes terrestres, marinos, de aguas dulces e islas.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente estableció como meta de mediano plazo la protección del 10% de la superficie de los ecosistemas más relevantes del país, medida considerada internacionalmente apropiada, para la protección de la biodiversidad que los caracteriza.

A la identificación de estos sitios prioritarios, se deben sumar necesariamente aquellas áreas de valor ecológico que están siendo hoy día manejadas por privados y ONGs, y que sin duda serán un aporte a la conservación del 10% de los ecosistemas relevantes del país. Asimismo, la conservación deberá ser vista como un proceso de integración entre las actividades productivas y las áreas de protección de la biodiversidad, entendiendo esto como un proceso paulatino y en el que se promuevan las prácticas productivas sustentables, que permitan un adecuado desarrollo y mantención de la estructura y funciones que cumplen los ecosistemas para el bienestar de las personas.