Graves problemas a la salud de las personas, críticas cada vez más ácidas de parte de entidades ligadas a la materia y uso indiscriminado de los recursos, hizo urgente tener un cuerpo legal que regulase en forma íntegra la problemática ambiental en el país.

Fue así como bajo el gobierno de Patricio Aylwin nació a la luz pública la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que entregó una serie de instrumentos legales que permitieron llenar un vacío importante en el ordenamiento jurídico chileno, al estructurar por primera vez un sistema normativo ambiental para el país.

Lo importante de esta ley es su capacidad para organizar el tema, ya que como su nombre lo indica, dicta normas generales que permiten ordenar la normativa ambiental existente y futura.

En este contexto se creó también la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuya función es proponer e implementar las políticas ambientales, coordinar el aparato público para gestión de las mismas y promover la participación del sector privado y la ciudadanía en estas materias.

La Ley Nº 19.300 creó además, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un importante instrumento de gestión al cual deben someterse los proyectos de inversión y/o actividades productivas, con el fin de determinar los efectos reales que tendrán sobre el medio ambiente. De este modo, se intenta evitar más daño ecológico y establecer los responsables cuando se produzca un perjuicio al ambiente.

Decreto Supremo Nº 94: reglamento para establecer planes de prevención y descontaminación ambiental.

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	Vea la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 1994. 36 páginas.